Armas para todos: cómo dos decretos de Jair Bolsonaro hicieron explotar la compra de pistolas en Brasil

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Gustavo Prestes, 26 años, cadete administrativo, no oculta su satisfacción con la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de ablandar las reglas para el acceso a armas de fuego.

El joven explica su posición de una manera sencilla: «Hasta ahora, sólo los bandidos podían tener armas. Las personas de bien, honestas, tendrán la oportunidad de defenderse«.

Prestes, quien vive en los suburbios de San Pablo, una región donde los asaltos son frecuentes, practica tiro deportivo desde hace cuatro años en un club de la zona este de la ciudad. Ahora, se prepara para dar un paso más: proyecta comprarse una segunda arma que será de uso exclusivo para defensa personal.

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«La criminalidad aumenta cada día más. Hay muchas familias que pierden un hijo cada semana. Con un arma encima me siento más seguro. Los tiradores ya estamos protegiéndonos y creo que la inseguridad disminuirá porque los ladrones estarán inhibidos para salir a robarle a cualquiera», dice el cadete.

Prestes no es el único entusiasta del nuevo tiempo que se vive en Brasil.

Los cambios en la legislación de armas, plasmados en dos decretos que llevaron la firma de Bolsonaro, generan furor en el país más grande de Sudamérica.

En los primeros 100 días de gobierno de Bolsonaro se vendieron 30.370 armas nuevas, según datos oficiales del ejército a los que tuvo acceso Infobae. El ritmo fue de casi 304 armas legales que entraron en circulación cada día.

Clubes de tiro consultados relataron un aumento de entre 40 y 50% en las consultas por cursos para principiantes.

El presidente brasileño, quien cuando saluda a la población suele agitar sus manos formando la silueta de dos armas con sus dedos, firmó en enero un primer decreto que ablandó las reglas para la posesión de armas de fuego.

Para el ex capitán del ejército se trató apenas de cumplir con lo que ya había prometido durante la campaña que lo llevó a ser electo presidente con casi 58 millones de votos.

El primero de los decretos estableció categorías de personas autorizadas a poseer armas, con un diseño que le permite casi a cualquier ciudadano encuadrar: habitantes de zonas rurales, residentes de zonas urbanas con alta incidencia de homicidios, propietarios de negocios, coleccionistas y cazadores.

Los requisitos, además de pertenecer a uno de esos grupos, son no tener antecedentes penales, ser mayor de 25 años, someterse a un examen psicológico y a otro técnico, y realizar un curso en algún club de tiro.

Un segundo decreto publicado a principios de mayo amplió aún más el universo apto para empuñar un arma. Bolsonaro liberó el porte de armas para 19 millones de personas, según estimaciones de ONGs, al incluir categorías como camioneros, abogados, funcionarios públicos e incluso periodistas en el derecho a transportar armas fuera de casa.

Además, incrementó considerablemente la cantidad de municiones que pueden ser compradas por año, de 50 para 5 mil.

A Marcellus Utaliz, 45 años, dueño de un club de tiro en Sao Paulo, le cuesta disimular la euforia.

Decenas de personas nuevas han llegado en las últimas semanas para pedir informaciones sobre los cursos de tiro y la nómina de asociados del club creció 40% en tres meses -como nunca antes en los dos años de existencia-.

«Bolsonaro sólo reglamentó un derecho que ya estaba previsto y que, con autoritarismo, la izquierda le negó a los brasileños en los últimos años», dice Utaliz.

Antes de que Bolsonaro decidiera fijar las nuevas reglas, la ley establecía que cualquier civil que quisiera tener un arma debía justificar la «debida necesidad» ante la Policía Federal.

En 2003, el estatuto de desarmamento impulsado por la administración de Lula da Silva restringió el acceso de civiles a armas. Los detractores de la antigua legislación, dicen que se trataba de un proceso «arbitrario» que en los hechos imposibilitaba el acceso a las armas.

«La población está muriendo de rodillas frente a los marginales. Vivimos en una democracia, yo respeto a los que no quieren tener un arma y morir a manos de los delincuentes, nadie los obliga ahora a estar armados«, polemiza Utaliz, molesto por el rechazo de muchos sectores contrarios a liberar armas a la población civil.

Para acceder a un arma hoy en Brasil, se deben tener en el bolsillo cerca de unos dos mil dólares, que serán gastados en la propia arma, el costo del curso y el trámite para conseguir la habilitación.

Según información de la Policía Federal brindada al diario Estado de São Paulo, en Brasil existen 672 mil armas registradas. 350 mil están en manos de particulares, mientras que las restantes pertenecen al ejército, las policías y diferentes empresas de seguridad.

El fervor también alcanza a la industria. Taurus, la principal empresa de armas de Brasil, fue el año pasado acaso la mayor ganadora de la elección presidencial. A medida que las perspectivas de Bolsonaro -todavía candidato- mejoraban en encuestas, las acciones de la empresa se disparaban en la bolsa. Así, la empresa cerró el año con una valorización de 180%.

«Es un momento muy importante para Brasil. Estamos ante una nueva fase, el ciudadano de bien va a poder defender a su familia, a su casa y ejercer su derecho a la legítima defensa. La población brasileña votó a favor de eso», dice a Infobae Salesio Nuhs, presidente de Taurus.

En los primeros tres meses del años, Taurus creció 13,6% en el volumen de ventas y 11,5% en su facturación respecto al año pasado.

«No es sólo nuestra empresa, todo Brasil vive con una expectativa muy positiva de este gobierno», dice Nuhs, quien asegura que la empresa se preparó durante mucho tiempo para responder una «demanda masiva» de armas.

Pero lejos de ser unánime, el entusiasmo de quienes practican tiro y se preparan para comprar su primer arma, encuentra su contracara entre quienes creen que la decisión del presidente ultraderechista puede alimentar aún más la violencia.

Un importante sector de la sociedad teme que más armas entre la población civil signifiquen más muertes por peleas o discusiones banales, con el riesgo de que se dispare el número de asesinatos en un país de por sí muy violento, poseedor del mayor número de homicidios en el mundo -casi 64 mil en 2018, la mayor parte con armas de fuego-.

De acuerdo con un sondeo de Datafolha de abril, el 64% de los brasileños temen que la posesión de armas puede ser amenaza para la vida de otras personas.

«No necesitamos mucha imaginación para saber qué va a pasar. Veremos una criminalidad más armada y reforzada», dice Bruno Langeani, especialista en seguridad del instituto Sou da Paz.

Según el analista, el estatuto del desarmamento fue exitoso para controlar el crecimiento de las muertes por armas de fuego, que entre 1993 y 2003 crecieron un 6,9% al año para después descender hasta un 0,6% a partir de 2004.

Distintos sectores buscan trabar la aplicación del decreto de armas, que ya cuenta con tres objeciones en la Justicia que deberán ser analizadas.

El superministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro, el exjuez del Lava Jato Sergio Moro, se corrió a un segundo plano cuando el gobierno presentó el decreto. Apenas dijo que si «hay alguna invalidez» en el decreto, «el congreso o el Supremo Tribunal deberán corregirla».

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