Consideran que informe Bachelet no impulsa el diálogo

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EZEQUIEL QUERALES

Tras un primer dossier de 72 observaciones sobre los “errores de hecho”, que el gobierno considera que contiene el controversial Informe Bachelet sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, han continuado las quejas y ataques de otros voceros e instituciones oficiales contra el referido dictamen. 

Como ya es del conocimiento público, en el primer dossier de reclamos, el Ejecutivo nacional criticó duramente el citado informe, calificándolo de versión “abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena”. 

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Adicionaba que “esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración. 

También cuestionaba que se privilegiara “excesivamente las fuentes carentes de objetividad”, excluyéndose casi en su totalidad la información oficial, aportada por el Estado venezolano a la oficina de la alta comisionada. 

Surge luego, la voz autorizada del viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, tildándolo de “parcial y con “graves errores metódicos”.

En tal sentido, le reprocha a Bachelet, que “usted sabe que el informe no refleja la realidad, de lo que vio en nuestro país” y la conmina a corregirlo, exigiéndole, “pronunciarse en forma respetuosa y ponderada”. 

Surge en la lista de quejas gubernamentales, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, a través de un documento en el que considera que el mencionado texto constituye “una violación al derecho humano al conocimiento y a la veracidad”.

Pero, además, expresa que se trata de “una afrenta descalificadora a la dignidad de una institución como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que según sus principios debe privilegiar la imparcialidad y la verdad”. 

El documento explica que “Resulta inaceptable porque viola el principio de veracidad y porque no contribuyen al diálogo y entendimiento que ha promovido el Estado venezolano y otros sectores políticos nacionales e internacionales entre los actores políticos confrontados”. 

Agrega que “hoy recurren al bodrio mediático para hacer creer que las causas de la crisis venezolana están en el gobierno y no en operadores políticos nacionales e internacionales que gestionan acciones terroristas y criminales y que de nuevo intentan engañar a la opinión pública nacional o internacional y que lamentablemente son replicadas por voceros que no valoran la justicia y la verdad sobre la realidad en Venezuela en el contexto de estas agresiones”.   

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