Elecciones adelantadas o vacancia presidencial: la pulseada entre Martín Vizcarra y el Congreso que mantiene en vilo al Perú

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Cuando Martín Vizcarra Cornejo juramentó como presidente del Perú, en marzo de 2018, el sector político, visiblemente alterado por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y el Congreso saludaron su sucesión. Pero a pocos meses de iniciada su gestión se presentó un plan de reforma política, una situación que no preveía la oposición liderada por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que aplicó una dura embestida.

Esta última semana, el escenario político peruano se definió por la incesante confrontación de poderes. Por una parte, el Ejecutivo, desde el Gobierno de Martín Vizcarra, sumó a la reforma política una constitucional que requiere el adelanto de elecciones presidenciales y congresales.

El cronograma propone, en tiempos ajustados, que el Parlamento acepte el pedido y se llame a referéndum. De esa manera, para diciembre se convocaría a elecciones y en junio 2020 se darían las votaciones para que en julio de ese año juramente el nuevo presidente.

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Desde las otra orilla, el Poder Legislativo está jugando todas sus cartas para evitar que esta se concrete. En medio, se tiene la investigación del caso Odebrecht y una serie de investigaciones ligadas al caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», que expuso un sistema de corrupción enquistado en el Poder Judicial y que habría beneficiado a congresistas, jueces, fiscales y empresarios.

Cómo se llegó a este escenario

En abril, el Gobierno de Martín Vizcarra presentó al Congreso las 12 propuestas de reforma política realizadas por la Comisión de Alto Nivel. Los proyectos fueron duramente criticados por varias bancadas congresales pero, tras una presión constante, fueron debatidos.  A lo largo del proceso, el presidente cernía sus críticas sobre la «desnaturalización» del paquete de reformas e instaba al Congreso a aprobarlas tal como se les había enviado. El Legislativo rechazó la imposición de las medidas y señalaba que las modificaciones eran necesarias.

El choque de poderes se hacía cada vez más claro. Así, el mensaje a la Nación del 28 de julio último trajo consigo un plan de competitividad para activar la economía en el marco de una serie de conflictos ligados a la minería, reformas de salud y nuevas inversiones. 

El discurso parecía tener los componentes regulares hasta que, al final, Vizcarra hizo un recuento de la Reforma Política y criticó su «desnaturalización«, añadiendo que por eso era necesario una reforma constitucional y adelanto de elecciones. «Nos vamos todos», fue el mensaje desde la presidencia.

Lo dicho por Vizcarra generó una fuerte respuesta desde el Congreso y, a su vez, una ruptura dentro de sus líneas. El reglamento explica que el mensaje tiene que tener la aprobación del gabinete ministerial y, antes de iniciarse, debe ser extendido de manera escrita a todos los congresistas. Lo segundo no se dio y fue motivo del reclamo de las bancadas.

Además, la vicepresidenta Mercedes Araoz, cercana al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no fue comunicada de la decisión, dado que no es parte del gabinete, pero al ser parte del equipo presidencial era cuestión de educación informarla.

«Obviamente a cualquiera le duele que la obvien (…) si Vizcarra no confía en mí, yo tampoco confío en él«, declaró Araoz. La división del partido oficialista, Peruanos Por el Kambio, fue mayor; poco después Araoz y otros dos congresistas, Carlos Bruce y Rosa María Choquehuanca, rostros conocidos de la agrupación, renunciaron al oficialismo.

La situación casi hace naufragar al oficialismo. Una drástica decisión que tomaron los parlamentarios que quedaron en la bancada fue incorporar a sus filas a una cuestionada excongresista fujimorista, Yesenia Ponce; medida poco útil pues fue suspendida por 120 días.

«Ya se veía venir pues no había coordinación entre los mismos miembros de esa bancada», señaló la congresista fujimorista, Luz Salgado. En la misma línea, desde el Apra, Javier Velásquez Quesquén agregó que resultaba «insostenible que parlamentarios como ellos sigan apoyando un modelo que refleja más un gobierno chavista que uno de economía de mercado moderna«.

El presidente no se inmuto con pero quedaron en evidencia las diferencias en el oficialismo. A Vizcarra le costó una disminución en la aprobación popular pero desde varios frentes ciudadanos el pedido de cerrar el Congreso se mantenía vigente.

Para el congresista de Acción Popular, Yhony Lescano, el cisma tuvo una motivación distinta pues considera que traía consigo una vacancia, es decir la renuncia del Presidente. «Se están saliendo para votar con mayor libertad la vacancia. En ese caso, Araoz también debería salirse de la vicepresidencia», afirmó.

La vacancia ya se venía rumorando en los pasillos del Congreso y los motivos para hacerlo se ligaban a la supuesta inconstitucionalidad de la reforma, el caso Conirsa (vinculado al hermano del presidente) y las irregularidades en el proyecto del aeropuerto de Chinchero, que se aprobó en 2017 cuando Martín Vizcarra era titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

A finales de agosto, la encuestadora Ipsos reveló que el 69% de peruanos no está de acuerdo con la vacancia presidencial mientras que 72% se mostró a favor de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para el 2020. En tanto, la aprobación de Vizcarra se mantenía a la baja.

La larga promesa del aeropuerto internacional en Cusco, la ciudad más turística del Perú, parecía hacerse realidad en la ciudad de Chinchero, parada obligatoria para todos los turistas que se dirigen al Valle Sagrado. 

En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, el proyecto fue adjudicado al consorcio Kuntur Wasi. Años después se evidenció que el contrato tenía errores por lo que, tras una serie de negociaciones, en 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encabezado en ese entonces por Martín Vizcarra, firmó una adenda donde se habrían comprometido los intereses del Estado peruano.

La Fiscalía de la Nación viene realizando investigaciones en contra de 13 funcionarios públicos y privados. Por su parte, el miércoles último, la Comisión de Fiscalización del Congreso pidió al pleno que debata un informe preliminar sobre el caso elaborado hace dos años que, además, recomienda ampliar el plazo de la investigación por 90 días más.

«Adicionalmente se ha encontrado el proyecto de la adenda y otros documentos que estarían referidos a consultorías del Ministerio de Transportes y Comunicación realizó incluso con fecha posterior a la fecha en que se registra la elaboración de estos borradores de informes técnicos de consultorías», explicó el procurador anticorrupción Amado Enco.

Además de este escenario, en el fujimorismo se insiste con una supuesta inconstitucionalidad del pedido de adelanto de elecciones y han dejado ver su interés por dilatar el procedimiento abriendo interpelaciones a ministros, una investigación al mensaje a la Nación, para corroborar si en realidad los ministros estaban al tanto, y un lento debate en la Comisión de Constitución donde se debería aprobar el adelanto de elecciones.

El abogado constitucionalista Natale Amprimo, señaló que un régimen político como el peruano «se sostiene en periodos concretos, en consecuencia, alterar esos periodos constituyen una vulneración a la institucionalidad y estabilidad democrática».

«Las cuestiones constitucionales dependen del Congreso, no del presidente, que solo puede plantearlas pero no tiene intervención en materia de discusión o aprobación, ni si quiera puede observar la reforma», agregó.

Por su parte, el Gobierno firmó las leyes de la reforma política sobre la inscripción y cancelación de partidos políticos; financiamiento de las organizaciones políticas y el tema de la paridad y alternancia, el cual busca equiparar el déficit de cargos públicos en las mujeres.

El martes pasado, el novísimo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y el mandatario peruano se reunieron en el Palacio de Gobierno con miras a tomar un rumbo en común. Lo que se sabe de la cita es que ambos poderes no han cedido pero que optarían por un cambio de favores para salir del entrampamiento político. 

«Tenemos que dar las siguientes buenas noticias. Hemos asistido al diálogo con el presidente de la República, el mismo que continuará los siguientes días de manera frecuente, y hemos acordado establecer dos agendas. Una con los temas económicos de productividad, seguridad y reconstrucción del norte; y otra relacionada al proyecto de recorte del mandato presidencial y congresal, que debe ser tratado con la mayor prontitud. Todos estos puntos serán dentro del marco constitucional», declaró Olaechea con un rostro más de preocupación que de optimismo.

Lo último fue la decisión del Congreso por suspender a la congresista Yesenia Ponce, con lo que la bancada PPK pierde voz en las decisiones congresales, y al expresidente del Parlamento y aliado del Ejecutivo, Daniel Salaverry.  A pesar de poner paños fríos, el Ejecutivo y el Congreso aún mantienen la confrontación más fuerte desde abril de 1992, en el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Los próximos días serán decisivos.

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