Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, foco rojo en Los Altos de Chiapas

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Tras 20 días en cautiverio, cinco policías estatales recobrarán su libertad en las próximas horas cuando integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los entreguen a sus familiares, acompañados de autoridades y activistas de derechos humanos, con el propósito de solucionar el conflicto en la comunidad Río Florido, en el municipio de Ocosingo.

Los integrantes del FNLS acusan a los uniformados de iniciar la agresión hacia gente de la comunidad situada en el corazón de la selva chiapaneca, y afirman que establecieron comunicación con parientes de los elementos para crear condiciones favorables que permitan el intercambio y así evitar una posible incursión de la Fiscalía del estado, que hace unos días aseguró que aplicaría todo el peso de la ley contra los responsables de actos vandálicos, como la quema y retención de camiones de empresas comerciales.

Busca Chiapas desarticular el FNLS en Ocosingo

A finales de julio, la Fiscalía estatal presentó imágenes en las que se observaban unidades reportadas como robadas en la zona de influencia del FNLS, incluida una de transporte de valores que llevaba 11 millones de pesos.

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La dependencia afirma que tiene denuncias y hay al menos 22 carpetas de investigación en curso no sólo por la privación ilegal de la libertad de los elementos, sino también por daños, robo de vehículos, robo a comercios, ataques a las vías de comunicación , entre otros delitos.

«La Fiscalía no participa en este tema de la liberación, están los familiares teniendo un diálogo directo con este grupo.

Nosotros, como siempre lo hemos manifestado, no vamos a negociar la ley; la aplicación de la ley, y por supuesto hacer respetar los derechos de los ciudadanos, no va a estar supeditado a ninguna mesa de diálogo, la ley se va a hacer valer, se va cumplir», afirmó el fiscal ayer a El Heraldo de Chiapas. Aseguró que únicamente esperarán a verificar la liberación para tomar la declaración a cada uno de los elementos.

La postura del fiscal fue respaldada por el equipo de prensa del gobernador, Rutilio Escandón.

Por su parte, empresarios y comerciantes de las zonas que resultaron afectadas con los desmanes de la agrupación han exigido al gobierno del estado la aplicación de la ley y sobre todo la reparación de los perjuicios.

El grupo ha respondido con desplegados en medios en los que señalan: “las declaraciones del fiscal y del secretario general de Gobierno confirman la existencia de un plan con el claro objetivo de masacrar nuestra organización y toda expresión de organización independiente del pueblo”, misma línea del Ejército Popular Revolucionario, que mediante comunicados acusa de igual manera una campaña de contrainsurgencia desde el gobierno morenista en Chiapas, grupo en torno al cual, afirma, “se amalgaman viejos cacicazgos transfigurados en burgueses e inversionistas en los megaproyectos impulsados por el Ejecutivo federal”.

El FNLS ha dicho que tiene la disposición a negociar y por ello este miércoles saldría una caravana de San Cristóbal de Las Casas hacia el poblado donde residen, la cual estaría acompañada de mandos y activistas de derechos humanos para confirmar la buena voluntad.

No obstante, mantiene la consigna contra el gobernador Rutilio Escandón sobre la liberación de alrededor de 200 personas quienes considera que han sido encarceladas injustamente. Esas detenciones fueron el detonante del último conflicto, pues el rapto de los uniformados se dio en exigencia de la liberación de Javier

González Díaz, acusado de robo y otros delitos considerados graves, quien está preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en San Cristóbal de Las Casas.

Además de Chiapas, sobre todo en la zona de Ocosingo, Acala y Venustiano Carranza, el FNLS se ha convertido en una agrupación con presencia en otros estados de la República Mexicana, entre ellos Oaxaca y Guerrero, donde han recibido muestras de apoyo de otras organizaciones en varias de sus actividades.

El grupo ha puesto en jaque a las autoridades chiapanecas con bloqueos carreteros, protestas, la retención y saqueo de productos, además de la quema de camiones de empresas.

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