Las trampas de la JEP y la Justicia en Colombia

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El coronel Hernán Mejía, quien estuvo bajo cárcel domiciliaria desde diciembre de 2016 por su grave estado de salud, y quien fue puesto en libertad el pasado 9 de octubre, fue recluido el 25 de octubre en la cárcel La Picota en Bogotá. La irregularidad de esta detención de un oficial activo del Ejército, cuya libertad ya había sido concedida, en una cárcel ordinaria es un ejemplo más de la justicia colombiana como forma de lucha. Si el Tribunal Superior de Bogotá no actúa inmediatamente para liberar al Cr. Mejía, estará poniendo en riesgo su salud y su vida y confirmando nuevamente la persecución judicial contra los militares colombianos, tanto por parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP) como de la justicia ordinaria.

La Juez Cuarta Penal Especializada Natalia Sofía Ortiz Lemus ordenó la medida de aseguramiento contra el Cr. Mejía como parte del mismo proceso por el cual ya estuvo detenido desde mayo de 2007 hasta el 9 de octubre de este año – más de 10 años. En ese entonces, el Cr. Mejía fue acusado de concierto para delinquir y homicidio agravado. Aunque inicialmente las acusaciones hacían parte de un sólo proceso, el Estado decidió separarlos, cosa de por sí irregular, pues los casos se basaban en los mismos hechos.

En el caso de concierto para delinquir, el coronel fue condenado y su sentencia apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá hace cinco años. Como en tantos casos de persecución judicial, pasaron años sin ninguna resolución.

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