La ONU exigió el «fin de la impunidad» en Nicaragua y denunció que el régimen de Ortega sigue cometiendo «graves violaciones» de los derechos humanos

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La ONU pidió el viernes poner fin a la «impunidad» en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo «graves violaciones» de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado «graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas» en el país centroamericano.

«Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas«, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.

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La ONU observa que «se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo».

El informe será presentado por la propia Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el 10 de septiembre y en la jornada siguiente la delegación diplomática de Nicaragua tendrá la ocasión de reaccionar al mismo.

La investigación cubre el periodo del 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto pasado y aborda la violencia no sólo policial, sino también de elementos armados favorables al Gobierno y que utilizaron armas diversas -incluidas las de fuego- contra ciudadanos considerados opositores en fechas tan recientes como el pasado junio.

El periodo analizado, lejos de haber sido de reconciliación, sirvió para que los mecanismos de represión se consolidaran, dejando atrás cualquier esperanza de alternancia política y de respeto de las libertades fundamentales, que eran dos reivindicaciones mayores durante las manifestaciones que se iniciaron en abril de 2018.

Entre las cerca de 200 entrevistas que el organismo de Bachelet realizó para sustentar su informe figura la de un exmagistrado supremo que admitió que «los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno».

De manera general, se observó que las autoridades «violaron el derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos», se negó a numerosos abogados revisar los expedientes de sus clientes y en muchos casos, aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes, los jueces las aceptaban.

El Gobierno de Nicaragua continuó reprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado el pasado febrero un proceso de diálogo con la oposición que ha resultado infructuoso y que ahora está paralizado. «El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia«, asegura el informe.

Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, está dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.

El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.

La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.

Con información de EFE y AFP

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