La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó que se retomen las negociaciones entre la oposición y el régimen de Ortega sin garantías

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La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó este martes que se retomen las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Ortega si este no ofrecer garantías de cumplimiento de los acuerdos ya firmados sobre la liberación absoluta de los «presos políticos», el retorno seguro de los exiliados y de los organismos de derechos humanos internacionales, el desarme de los cuerpos militares y paramilitares y el cese de la represión.

«La Alianza Cívica no debería volver a la mesa de negociación sin que esta condición se cumpla», señaló en un comunicado la Unidad, compuesta por decenas de movimientos de manifestantes «autoconvocados», como se les llama porque no obedecen directrices partidistas.

Haydee Castillo, integrante del Consejo Político de la Unidad, expresó que «el pueblo no desistirá».

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«Nosotros exigimos el cumplimiento de compromisos que evidencien y hagan realidad la liberación de los presos políticos», dijo.

Luego se refirió a las exigencias de Ortega, quien condicionó el cumplimiento del acuerdo a que la oposición pida la suspensión de las sanciones contra su familia. Castillo admitió que sostienen conversaciones con  altos representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea, aunque dijo que «de ninguna manera» aceptarían el pedido de Ortega.

Violeta Granera, otro miembro del Consejo Político de la agrupación, también fue categórica. «Ortega nunca ha tenido la disposición de cumplir. No debe negociarse si no cumple», dijo.

Granera agregó que ante una nueva negativa de Ortega continuarán a presionar al régimen «con acciones a nivel nacional e internacional en el plano político y económico».

«Se trata de salir del régimen con el menor costo posible para la sociedad nicaragüense», afirmó. «Las calles no son una opción».

La crisis de Nicaragua ha dejado unas 325 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568.

La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la administración de Ortega como responsable de delitos «de lesa humanidad».

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