«Nunca Jamás en Venezuela»: las injusticias que viven miles de presos políticos

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(Documental Nunca jamás en Venezuela: Presos políticos. Dirigido por: Claudia Smolansky y Juan Vicente Manrique)

En los 20 años del chavismo, el Foro Penal Venezolano ha contabilizado 14.655 presos políticos. Hasta la fecha hay 775 detenidos, una cifra récord en el país. El 2019 ha sido el año con más aprehensiones, 1.683 personas fueron privadas de libertad por motivos políticos desde el 1° de enero hasta el 29 de abril de este año.

El tercer episodio de la serie documental Nunca Jamás en Venezuela, proyecto audiovisual que narra las historias de distintas víctimas del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, muestra la realidad de cinco casos de presos políticos. Torturas, amedrentamiento e injusticias es la vida a la que están sometidos todos aquellos que piensen distinto a las políticas del «socialismo del siglo XXI» y que son colocados tras las rejas. Los familiares, así como los propios excarcelados, cuentan las atrocidades a las que han sobrevivido pero que, sin embargo, aseveran no han quebrado su espíritu de lucha por recuperar la libertad del país.

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Cada 11 de abril la familia Simonovis recibe una llamada de amenaza e insultos. El padre de este hogar, el comisario Iván Simonovis, fue condenado a la pena máxima (30 años de prisión) por los sucesos en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, fecha en la que se intentó derrocar a Hugo Chávez del poder.

Para ese momento el comisario era Jefe de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Tanto él como otros siete funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) fueron detenidos arbitrariamente y condenados sin ningún tipo de prueba que demostrara su culpabilidad. Hasta la fecha, siguen privados de libertad.

Igualmente señala que, para ese entonces, era difícil transmitir entre la opinión pública que a un policía se le estaban violando sus derechos humanos. Chávez apenas tenía tres años en el poder y, aunque la gente demostró descontento ante su mandato, no existían presos políticos. Simonovis y los PM fueron los primeros. «Fueron el tubo de ensayo de lo que estamos viviendo actualmente«, acota Bony.

Casi 15 años lleva Simonovis preso. Desde el 2014 se encuentra bajo arresto domiciliario por una medida humanitaria que le otorgaron debido a sus condiciones de salud. En los 10 años que estuvo entre Ramo Verde y El Helicoide solo vio la luz solar por 13 días, lo que le generó una osteoporosis severa. Nunca le han permitido una atención médica completa e integral.

Además de su salud, Bony explica que otra de las cosas que perjudicó a Iván fue la destrucción de su carrera profesional. «Él era un hombre de 44 años cuando lo detuvieron, dedicado a la reducción de la criminalidad en Venezuela y ahora tiene 59 años. Por mucho tiempo, nunca tuvo acceso a un expediente, tampoco sabía lo que eran las redes sociales y, cuando lo supo, no le permitieron utilizarlas», cuenta Bony.

Este es un hogar que ha sido constantemente amedrentado. Los hijos de Bony e Iván, Iván Andrés, de 27 años, e Ivana, de 22 años, vivieron parte de su infancia y su adolescencia completa con su padre tras las rejas. Actualmente, ambos estudian en el exterior y los momentos que comparten son durante los vacaciones, en casa.

Tres veces tocan el timbre de la quinta Ivanera, ubicada en La Florida, Caracas, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Naicional (Sebin). El comisario Simonovis debe retratarse tres veces al día con un periódico Últimas Noticias, con tendencia oficialista, para mostrar fe de vida.

Bony apunta que entre los otros responsables de la condena injusta a su esposo se encuentra la antigua Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, y, quien ejerce en el presente como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

El juicio de Iván Simonovis ha sido el más largo en la historia de Venezuela. Tres años y cuatro meses estuvo en tribunales este caso. Hubo 235 audiencias, se presentaron 265 experticias, 5.700 fotos y 20 videos. Además, declararon 198 testigos y 48 expertos.

Por esta y muchas otras razones, Bony entendió que no puede hacer planes a largo plazo. Sus objetivos los fija para un período que no supere los seis meses. En cualquier día, las cosas pueden cambiar para ella y el resto de su familia. «No quiero hacerle promesas a mis hijos que después no pueda cumplir», comenta. Tampoco intenta pensar en lo que «pudo haber sido y no fue». Su lucha sigue firme y está enfocada en la libertad de su esposo, la de los policías y el resto de los presos políticos en Venezuela.

La lucha en la familia Vivas, más allá de la libertad, es por la honestidad. A veces dudan qué es peor: la muerte o la cárcel. Esas dos son algunas de las opciones que ofrece el régimen chavista a cualquiera que piense distinto a su gobierno. A este hogar le tocó la prisión.

El General Ángel Vivas es uno de lo más de 200 militares que ha estado tras las rejas en los últimos 20 años durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En abril de 2017, cuerpos de seguridad del Estado, lo buscaron a su casa para detenerlo. Lo golpearon tan fuerte que le fracturaron la columna, específicamente, la vértebra D8 y D9. Nunca recibió atención médica, por lo que su espalda no se recuperó. El General no puede mantener una postura recta. «Al principio le dolía tanto que hasta reír le causaba dolor. Las costillas también se vieron afectadas con los golpes», cuenta Estrella de Vivas, esposa del General Vivas.

Desde esa fecha la vida de Estrella y de sus dos hijas , Angélica y Natalia, cambió para siempre. «Es como si estuviera muerto, pero no lo está. No le puedo contar mis cosas o pedirle un consejo al instante porque no lo tengo ahí. Y lo peor es que para hablar con él tengo que ir a ese lugar que es horrible», dijo en mayo de 2018 Angélica Vivas. Más de un año estuvo el general retirado en la cárcel de El Helicoide. En junio de 2018 le otorgaron libertad condicional con régimen de presentación, prohibición de salida del país y con restricciones de actuación pública, es decir, la vida de esta familia no ha regresado a la normalidad.

Durante ese año y dos meses las tres mujeres enfocaron sus esfuerzos en liberar al General, pero también debían atender su propia rutina y actividades. Sobretodo, Angélica y Natalia, ambas estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV). A ellas, el propio gobierno les impidió que llevaran una rutina de estudios de forma regular. El internet de la casa se lo cortaron. No tienen ningún tipo de conexión. «¿Qué estudiante en el 2019 puede estudiar sin Internet? Tengo que aprovechar el tiempo en la biblioteca de la universidad, en casa de amigos o sino todo lo busco en libros. A veces por el teléfono, pero igual resulta costoso. Se gastan muchos datos», describe Angélica, quien es estudiante de Medicina. Sus líneas telefónicas están intervenidas. Son varios los chip que tienen para comunicarse con sus allegados.»Me preguntan mi número y ni sé cuál dar», agrega.

En la mayoría de sus días hay persecución o amenazas por parte del Gobierno. Por esa y muchas razones es que Angélica ha perdido la fe en la bondad de las personas.

El General Ángel Vivas tiene 62 años. También es ingeniero civil. Su principal crítica hacia el chavismo es la injerencia de la política en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Durante las protestas de 2014 le emitieron una orden de captura por ser el supuesto responsable de colocar una guaya en la autopista que ocasionó la muerte de un joven de 29 años. «Que lo busquen y lo traigan», ordenó Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión.

Pero el amedrentamiento no ha quebrado a este militar, o así lo dicen sus hijas. «Uno sale de la cárcel más fuerte. Es increíble«, acotó Angélica. Los sábados eran sus días favoritos, ya que le tocaba visita. «En una oportunidad durante la visita logramos acostarnos , abrazamos y hablar por un rato. Se sintió tan normal», recuerda.

Su padre buscaba transmitirle optimismo en cada visita. Y, aunque está en casa, lo sigue haciendo. Esa misma fuerza y, sus propias convicciones, son las que refuerzan las ganas del General de estar en Venezuela.

El General fue designado como Director Nacional de Ingeniería del Ministerio de la Defensa el 16 de agosto de 2006, pero, cinco meses después, el 24 de enero de 2007 presentó su renuncia por «las graves violaciones a la constitución venezolana». En consonancia con sus pensamientos, en el 2008, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que eliminase de la FANB el lema «patria, socialismo o muerte«, creado por Fidel Castro. Por dicha petición le imputaron cargos de insubordinación que concluyeron en un régimen de presentación cada dos semanas.

Por ese y muchos otros motivos, Estrella exige una dirigencia política honesta. «Tienen que dejar de jugar con el futuro de los venezolanos y decir la verdad por los cuatro costados. «, concluye.

«AV» escrito sobre cinta adhesiva era el método que utilizaban Estrella, Angélica y Natalia para diferenciar la comida y el agua que le llevaban al General a la del resto de los detenidos. En El Helicoide, como en la mayoría de las prisiones venezolanas, no hay agua potable y la comida que ofrecen no es apta para el consumo. Los familiares de los presos deben cubrir todos los gastos. Pero, al final, ninguna de estas mujeres dudó de la fortaleza de cada una. «Nosotras vamos a resistir», dijo Estrella un mes antes de que liberaran a su esposo. Y siguen resistiendo. Juntos.

La torturas de los funcionarios del Sebin también llegaron hasta la casa de los hermanos Da Costa. «Si a mi me matan, tú no sales», le dijo Vasco Da Costa, a su hermana Ana, cuando una comisión de la policía política de Maduro apareció en este hogar ubicado en El Paraíso, Caracas, el 16 de abril de 2018.

«Auxilio, auxilio», gritaba Vasco. Ana, escondida en un baño, entre la desesperación y el miedo, no sabía si acatar las órdenes de su hermano o intentar salvarlo. Escogió la primera opción, pero confiesa que no le desea a nadie escuchar lo que ella escuchó. «El sonido de los golpes que le daban. Fue horrible«, cuenta.

Estos hermanos son hijos de emigrantes portugueses. Su casa tiene la típica decoración de las casas en Lisboa o Madeira con azulejos en las paredes de la terraza y una fuente de agua. Sin embargo, en el interior del apartamento las cajas y los papeles se desbordan. No hay sillas o sofá para sentarse. Ana se disculpa por el desorden, pero admite que entre constantes allanamientos se le dificulta tener una casa organizada. La puerta del apartamento está rota, la cerradura tiene marcas de forcejeo y la puerta de de vidrio de enfrente, que da paso a una azotea, está quebrada. «¿Para que la voy arreglar? ¿Para gastar mi dinero y que en poco tiempo ellos regresen y la vuelvan a destruir?», explica Ana.

Su hermano ha pasado por distintas cárceles del país, aunque no se haya probado ante un Tribunal su presunta culpabilidad por los delitos de los que le acusan. La cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, así como la cárcel militar de Ramo Verde y el Centro Penitenciario 26 de Julio en el estado Guárico, han sido algunas de ellas. Esta última, cuenta su hermana, ha sido una de las peores. El nombre de este lugar proviene de la Toma del Fuerte Moncada en La Habana, Cuba, por un grupo guerrillero liderado por Fidel Castro el 26 de julio de 1963.

Vasco es politólogo y fundador del Movimiento Nacionalista. Él cree que la mejor arma es el conocimiento. No apoya la violencia y ha sido crítico de las políticas del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Por ende, su privativa de libertad, la asume como parte de la lucha.

Ana Da Costa no desperdicia ningún espacio, ya sea en medios de comunicación o instancias internacionales, para denunciar las violaciones de derechos humanos que el Estado ha cometido en contra de su hermano. A Vasco lo han electrocutado en sus partes íntimas, lo han asfixiado con bolsas plásticas y le han restregado sus propias heces en el rostro.

Hasta la fecha, continúa detenido con numerosas audiencias diferidas. Traición a la patria, instigación a la rebelión, ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sustracción de efectos pertenecientes a la FANB son los presuntos delitos por los que lo acusan.

«En Venezuela todos estamos presos. No es Vasco ni los otros presos políticos. Ningún venezolano tiene libertad», concluye Ana.

Doce kilos perdió el diputado suplente ante la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, en sus quince meses de detención arbitraria entre la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo y la cárcel 26 de Julio, ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico. En este tiempo permaneció asilado con prohibición de visita de sus familiares y abogados.

Sin embargo, luego de diez meses de su liberación en junio de 2018, funcionarios del Sebin lo arrestaron por segunda vez el 26 de abril de 2019, violando nuevamente su inmunidad parlamentaria que, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza a él y todos los diputados a la defensa contra persecuciones por parte del Ejecutivo o a ser sometidos a un procedimiento penal sin la autorización del cuerpo legislativo.

El gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a revelar la ubicación de Gilber Caro, por lo que la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Ravina Shamdasani, calificó el arresto como desaparición forzada.

Pero, entre meditaciones y pensamientos, Gilber Caro se definió como un hombre más maduro y pensante, un hombre que ama a sus enemigos. «Hay que amar a los que nos adversan a nosotros«, comentó. Caro insistió en que no se trataba exclusivamente de su sufrimiento, sino el de todo un país. «El reflejo de una sociedad es el reflejo de sus cárceles. Lo que se vive en las prisiones en Venezuela no se lo merece nadie», comenta.

En 1994 Gilber Caro, cuando apenas tenía 20 años de edad, ingresó a la cárcel por un homicidio que no cometió. Se quedó callado y no acusó al responsable. Admite que superó los hechos de la mano de la Asociación Civil Liberados en Marcha y diez años después creó su fundación «Dale la mano a tu par» para ayudar a los excarcelados a su reinserción social en el ámbito laboral y familiar. Seguidamente fue uno de los fundadores de Voluntad Popular (VP) y es el primer y único expresidiario en convertirse en diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Sus quince meses de aislamiento no quebraron su espíritu ni tampoco sus convicciones democráticas. En agosto de 2018 contó que, además de sus familiares, compañeros de trabajo y allegados, lo que más extrañó en la prisión fue el cariño de los venezolanos. «Esos que me trataban mal en la cárcel, que me veían con una cara malévola, yo sabía que no reflejaban a la Venezuela que conozco«, comentó.

En La Tumba todo es blanco, negro o gris. Los otros colores están prohibidos, lo que significa que objetos como revistas, libros o fotografías no circulan en este lugar. La temperatura es tan fría que a veces impide a los detenidos a levantarse de sus camas. Las celdas son de concreto y tienen un tamaños de 2×3 m.

Este sitio, que antiguamente sería la bóveda de un banco, se encuentra en un sótano cinco pisos bajo tierra en el edificio que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, Caracas. Allí estuvo por dos años y dos meses el joven Lorent Saleh, director de la ONG Operación Libertad, hasta que fue trasladado a El Helicoide.

A poco metros de este edificio se ubica la estación de metro Plaza Venezuela, una de las más congestionadas de la capital. El sonido de los vagones sobre los rieles era lo que le permitía a Lorent saber que los días iniciaban o culminaban, ya que los relojes también están prohibidos en esta cárcel.

Lorent se intentó suicidar dos veces en La Tumba. En el 2014 fue deportado de Colombia y entregado a funcionarios del Sebin. «Juan Manuel Santos lo entregó. Lorent había ido a Colombia a denunciar ante las Naciones Unidas los casos de venezolanos secuestrados por las FARC. Como en ese momento el presidente colombiano estaba en búsqueda del Premio Nobel de la Paz, esas denuncias le incomodaban», cuenta Yamileh.

Lorent ingresó a la cárcel con 26 años y lo liberaron cuando tenía 30. Cuatro años estuvo bajo constantes maltratos. En el presente, se encuentra desterrado en Madrid, España. Su proceso judicial estuvo viciado desde el inicio. 53 audiencias preliminares fueron diferidas y nunca se probó ante un tribunal su presunta culpabilidad.

Desde el 2007 Lorent fue un crítico del régimen chavista. En 2010 fue detenido porque tenía en su carro unos afiches que decían «Chávez miente». En ese año, le prohibieron salir del estado Carabobo, región en la que residía. «Él salió a Colombia y nosotros lo asumimos. Lorent quería denunciar todas las injusticias. Para ese momento ya había escasez de medicina y alimentos. Había inseguridad», agrega Yamileh.

Entre las principales exigencias de Lorent en sus inicios como activista y defensor de derechos humanos estaba la liberación de los presos políticos. En febrero de 2011 inició una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas con otros 13 jóvenes como coordinador nacional de la organización Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU).

Luego de cuatro años, Lorent y Yamileh, celebraron las navidades juntos. También, compartirán el Día de la Madre en mayo de este año. Para Yamileh, las madres y en especial, las madres venezolana, no se cansan. Ella nunca se rindió. «Yo perdí la cuenta de cuántas veces el Gobierno me tumbó y me arrodilló. Sin embargo, yo me sacudía y seguía luchando«, dijo meses antes de que liberaran a Lorent.

Amor y resistencia. Esos eran los valores que mantenían firme la lucha de Yamileh y también, las convicciones de su hijo. «Lorent es más libre que cualquiera de nosotros. Su amor por el país y los venezolanos es inquebrantable. Lo admiro por eso», concluyó.

Texto: Claudia Smolansky.

Fotos: Juan Vicente Manrique.

Intervención fotográfica: Carmela Penfold.

Dirección del documental: Claudia Smolansky y Juan Vicente Manrique.

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