Persecución en Nicaragua: un alcalde opositor se exilió en Costa Rica por razones de seguridad

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El alcalde del municipio nicaragüense de Mulukukú, Apolonio Fargas, quien permaneció once meses en prisión en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, se exilió en Costa Rica por razones de seguridad, según informó este domingo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La ONG confirmó que el alcalde se marchó luego de que la Policía Nacional allanara la Alcaldía de Mulukukú, en el Caribe de Nicaragua, y su residencia.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, dijo a periodistas que el alcalde opositor decidió refugiarse en Costa Rica luego de que la Policía Nacional, hace dos semanas, ocupara por la fuerza la Alcaldía de Mulukukú, que administraba.

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Según la denuncia del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), al que pertenece el alcalde, agentes policiales, en compañía de civiles armados, ocuparon por la fuerza esa Alcaldía ubicada en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), y requisaron computadoras, discos duros y hasta teléfonos móviles de los trabajadores.

Hace un año, la Policía detuvo a ese alcalde opositor, que estuvo 11 meses en prisión, y lo acusó de pertenecer a un grupo «terrorista» que atacó una delegación policial en el marco de las protestas contra Ortega.

Fargas fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo, asesinato, secuestro, robo con intimidación, y lesiones gravísimas contra cinco oficiales de la Policía, pero fue liberado en mayo pasado bajo una polémica Ley de Amnistía.

Según la Policía, el alcalde opositor es uno de los autores intelectuales y materiales del ataque a la delegación policial de la comunidad Sislao Paraska-Pueblo Nuevo, en Mulukukú, que está 247 kilómetros al noreste de Managua, ocurrida el 11 de junio de 2018 y en la que murieron tres policías y un civil.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un balance de entre 328 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al régimen de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».

Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

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