Persecución en Venezuela: suben a 859 los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro

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En medio de la creciente presión interna y externa tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro respondió con más violencia y represión, tanto contra la oposición como contra la población civil. Este lunes, el Foro Penal Venezolano informó que hasta la fecha son 859 los presos políticos del régimen chavista.

El reporte del Foro Penal detalla que de ese total, 97 son militares y 792 son civiles. Asimismo, 68 son mujeres y 791 son hombres, mientras que la dictadura chavista también tiene en prisión a tres menores de edad.

Como cada mes, la ONG envió el informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, para su «verificación y certificación».

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Por la misma red social, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aseguró que el organismo internacional certifica «la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal».

De esta manera, aumentó en casi 70 la cantidad de presos políticos con respecto a abril. En el último informe brindado por Alfredo Romero, director de la ONG, el pasado 24 de ese mes, la cifra fue de 790.

Durante 2019 aumentaron las detenciones por parte de las fuerzas chavistas en el marco de las multitudinarias protestas de la población civil, que exige la caída de la dictadura de Maduro. Desde que Guaidó asumió como presidente interino, cientos de miles de ciudadanos le expresaron su apoyo movilizándose en las calles. El régimen, una vez más, respondió a la voluntad popular con represión, detenciones arbitrarias y persecución.

Luego del pasado 30 de abril, cuando Guaidó lanzó la fase final de la Operación Libertad, el blanco del régimen ha sido la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, acusó a diez diputados opositores de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes, por haber respaldado al presidente interino. Tras ese fallo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por Diosdado Cabello, le allanó la inmunidad a los parlamentarios.

Por su parte, el CASLA Institute presentó este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia en La Haya por presuntos ataques de las fuerzas de seguridad chavistas contra una clínica privada y tres iglesias.

Tamara Suju, directora del organismo, explicó a la agencia EFE que el objetivo es «demostrar que la represión se ha recrudecido» en Venezuela: «No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado».

CASLA, que recibe fondos del Estado checo, ha presentado en el pasado varios pliegos ante la CPI con más de 600 casos de supuestas torturas atribuidos a responsables del régimen de Maduro.

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