Quién es José Carlos Tuárez, el polémico cura y funcionario cuyo juicio político mantiene en vilo a Ecuador

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Muchos en Ecuador dicen que su vestimenta religiosa, el cleriman (la gargantilla blanca que utilizan los curas), hablar de Dios y citar la Biblia para darse a conocer ante los ecuatorianos ayudaron al sacerdote católico José Carlos Tuárez a llegar al quinto poder del Estado de Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); otros dicen que el ex presidente Rafael Correa busca a través suyo revivir su movimiento político para en el futuro volver al poder.

Pese a la prohibición de la Orden de Predicadores Dominicos de Ecuador (a la que el sacerdote pertenece) para que no use distintivos religiosos en su campaña, en su spot promocional apareció vestido como religioso, diciendo «Yo soy el padre José Tuárez (…)».

A Tuárez, la Iglesia también le prohibió realizar proselitismo a favor de su candidatura en radio, televisión y otros medios de comunicación; sin embargo desoyó esa prohibición y se lo vio desfilar por medios de comunicación vestido de sacerdote y utilizando los símbolos de la religión, en un claro intento de buscar un espacio de identidad con la sociedad ecuatoriana.

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En menos de dos meses de funciones, el padre Tuárez se ha abierto frentes con la Iglesia, con los medios de comunicación, con la Asamblea Nacional; es materia frecuente de memes y enciende con regularidad las redes sociales en Ecuador, al tiempo que en su discurso y acciones se parece cada vez más al polémico ex presidente Correa, quien en su cuenta de Twitter está pendiente de lo que hace o dice, lo reproduce, comenta… mientras seguidores del ex presidente y trolls se encargan también de reproducir en redes sociales lo que dice Tuárez y de atacar a quienes critican al sacerdote.
Tuárez, al igual que Correa, ve en los medios de comunicación a enemigos; se dice víctima de persecución política y de linchamiento mediático; sus partidarios acosan a la prensa y son agresivos ante cualquier tipo de crítica o pregunta incómoda.

«El cura Tuárez ha sido utilizado desde antes de su participación en el CPCCS por el correísmo en muchas actividades, sobre todo con jóvenes en Guayaquil y Manabí. Es obvio que el cura siempre fue correísta, con él están los correístas y él ha ayudado a generar un ambiente de incertidumbre en medio de las certidumbre del robo», dice a Infobae el analista político Francisco Rocha, al referirse a los continuos escándalos de corrupción del gobierno de Correa, varios de cuyos ex funcionarios están presos, investigados o prófugos por procesos judiciales en su contra.

El 19 de julio, en la ciudad de Esmeraldas, Tuárez se pronunció por una Asamblea Constituyente: «El señor me iluminó y me dijo José Carlos promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el Pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea».

Una Asamblea Constituyente es uno de los postulados defendidos recurrentemente por Correa y sus seguidores.

«El correísmo, que en este momento se encuentra electoralmente derrotado, podría tener una nueva posibilidad de entrar a la arena política a través de su participación en una Constituyente», comenta el analista político Gabriel Hidalgo a Infobae.

Al ser la Constituyente un Congreso con facultades extraordinarias para reformar la Constitución, los seguidores de Correa y él mismo parecen esperarla para lograr oxígeno y alcanzar una redistribución de los equilibrios de poder y tener nuevas posibilidades políticas.

«Hay muchas voces en torno al Correísmo que esperan recuperar su parcela de poder, que no necesariamente es la misma de Correa, pero que gravitan en torno a la figura del liderazgo personalista de él, y también está Correa, un adicto al poder que querrá recuperarlo«, añade Hidalgo.

Un sacerdote mundano con pecados visibles

En el corto tiempo que viene ejerciendo funciones, Tuárez ha demostrado tener virtudes más de un mundano político populista que de hombre de la iglesia, y varios de sus pecados ya han sido evidenciados.

Llegó al CPCCS presentándose como una persona sin antecedentes políticos, pero al poco tiempo se supo, por denuncias de los medios de comunicación, que fue afiliado al Partido Socialista del Ecuador, del que se desafilió apenas tres meses antes de presentar su candidatura, lo cual le habría inhabilitado para candidatizarse pues la ley establece que no debe haber ninguna afiliación política cinco años antes de la postulación.

Ya en el cargo, Tuárez evidenció su soberbia al pedir al Ejecutivo un nuevo edificio para el funcionamiento del Consejo y dijo que él habla solo con alguien de su jerarquía, es decir el Presidente de la República, y no con personas de jerarquías inferiores como los ministros.

Cuando inscribió su candidatura en el Consejo Electoral, el sacerdote dijo haber dirigido una radio, haber sido rector de un Colegio religioso en Quito, director de Recursos Humanos de un convento en Salamanca, pero los representantes de esas instituciones luego lo desmintieron.

El polémico sacerdote, según la declaración de bienes presentada en la Contraloría de la Nación, tiene bienes por USD 372.000 dólares, calificados por él como «un pequeño patrimonio (…) hecho con el sudor de la frente«. Según su superior, los religiosos no pueden tener propiedades particulares pues todo lo que tienen es comunitario, por lo tanto su patrimonio lo habría hecho «a escondidas de los superiores de la orden» a la que se pertenece.

Según investigaciones del Portal Primicias, en 2014 una señora de 71 años habría cedido a Tuárez tres depósitos a plazo por un total de USD 104.140, dinero con el cual él compró un camión destinado a actividades de alquiler; el camión fue vendido en junio de 2018 antes de candidatizarse al CPCCS, cuyas elecciones se realizaron en marzo de 2019.

En el mismo año, la misma dama compró a favor de Tuárez un departamento en un conjunto habitacional de un balneario de la costa Pacífica de Ecuador, de donde es oriundo el sacerdote.

En marzo de 2019, días antes de las elecciones para designar a los miembros del CPCCS, la señora reclamó a Tuárez las regalías por el alquiler del vehículo y la devolución del departamento bajo la amenaza de tomar acciones legales. Finalmente los dos llegaron a un acuerdo a través de un apoderado, mediante el cual el sacerdote devolvió el departamento, depósitos por un valor de USD 60.000 y un cheque de USD 5.000.
«Todo lo anterior constituyen casos de corrupción para ganar las elecciones y para favorecerse comercialmente (…) Alguien con esas condiciones no debe ejercer un cargo público«, señala Hidalgo.

¿La Asamblea Nacional: el infierno del sacerdote?

Al momento, en la Asamblea Nacional de Ecuador se cumple el proceso de juicios político contra el padre José Carlos Tuárez y contra tres vocales del organismo: Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, autodenominados «vocales de la verdad» y conocidos popularmente como «la mayoría del correísmo«.

El pasado 10 de julio, los tres vocales de minoría no pudieron hacer nada y el CPCCS, con los votos de Tuárez, Chalá, Desintonio y Gómez, resolvió crear una comisión para revisar el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional.

Ocho días después, retiraron y eliminaron el acta con la resolución, luego de que los legisladores aceptaran un pedido de juicio político en su contra por «incumplimiento de funciones«, así como otros dos juicios políticos contra Tuárez, acusado de falta de probidad para ejercer el caro e incumplimiento de la norma para ejercer el cargo en el CPCCS, siendo representante de un culto religioso, lo cual está prohibido por la ley, y de realizar actividades de carácter político, también prohibidas por la ley.

El 29 de julio Tuárez y los consejeros Chalá, Gómez y Densintonio acudieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo y pidieron archivar el juicio político en su contra.

Tuárez leyó su defensa y aseguró que no existen incumplimientos de sus funciones, por lo que es «ocioso un juicio político solo por venganza personal (…) y por antipatías».

Al más puro estilo correísta los simpatizantes de Tuárez intentaron ingresar a la fuerza al recinto legislativo, fueron agresivos con la prensa, se enfrentaron con la Policía y no cesaron de abogar por una constituyente.

El informe de la comisión de Fiscalización sería entregado el 6 de agosto y la sesión de censura podría darse el 8 de agosto.

Serán los votos los que decidan si Tuárez y los otros tres vocales son destituidos de sus cargos.

Hasta el momento, quienes impulsan el juicio político dicen que tienen los votos. Es necesario que, al menos, 70 de los 137 asambleístas apoyen la censura y destitución: 77 firmas apoyaron los juicios políticos.

«El cura Tuárez ha sido utilizado desde antes de su participación en el CPCCS por el correísmo en muchas actividades, sobre todo con jóvenes en Guayaquil y Manabí. Está claro que ha sido fuegos pirotécnicos lanzados por Correa y su movimiento, pero su actuación ha sido tan burda, que ya en la primera semana se comió lo poco que representa», afirma Rocha.

Rocha añade que el CPCS carece de representatividad real pues fue elegido con apenas un 6% o 7% del voto de los electores.

Mientras tanto, el denominado Comité por la Institucionalización Democrática un grupo de la sociedad civil formado por connotadas personalidades del país andino, pidió a la Corte Constitucional que determine las vías para eliminar definitivamente el CPCCS y que sus funciones sean trasladadas a la Función Legislativa a través de un sistema bicameral, pedido al cual cada día se suman más voces y que demandaría al menos una reforma parcial a la Constitución a través de un referéndum.
Según Hidalgo, ese organismo debe desaparecer porque fue creado para concentrar el poder y para posibilitar la institucionalización del autoritarismo y del abuso».

La actual constitución ecuatoriana, impulsada por Correa y sus aliados y aprobada en un referéndum en 2008, establece la existencia de 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de participación ciudadana y control social, este último representado por el CPCCS, que es el encargado de nombrar a las máximas autoridades de control, entre ellos Fiscal, Contralor, Superintendentes, Corte de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, Defensor del pueblo.

Los críticos de Correa aseguran que en su Gobierno él logró controlar a todas las funciones del Estado y a través del CPCCS también a las autoridades de control, por lo cual este organismo es clave para el correísmo.

«El CPCCS nació con el proyecto del gobierno de Correa y ubicó en puestos claves a personas muy cercanas al gobierno: Contraloría, Fiscalía, Consejo Electoral, Consejo de la Judicatura (órgano administrativo de la Función Judicial) para así tapar la corrupción y acallar cualquier reclamo«, asegura la legisladora Jeannine Cruz, quien solicitó uno de los juicios políticos. «Hemos heredado un Consejo de Participación lleno de artimañas, corrupción, negligencia», añade.

Si se toma en cuenta que el 2020 es un año electoral pues en 2021 los ecuatorianos elegirán al sucesor del presidente Lenín Moreno, no es difícil prever que todo pueda pasar. Incluso si son destituidos los 4 miembros del CPCCS, sus alternos pueden formar otra mayoría afín a Correa.

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