Un ex funcionario de Inteligencia intentó fugarse del Fuerte Tiuna luego de que lo imputaran por instigación a la rebelión

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Alexis Bernardo Bustamante Molano fue funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y oficial de la Guardia Nacional hasta que se retiró de la Fuerza Armada hace unos años y se dedicó a la defensa de los derechos humanos en la frontera de Venezuela, con la Fundación Redes.

Tenía su sitio de trabajo en una empresa en el estado Zulia, al noroeste de Venezuela, pero viajaba con mucha frecuencia a ver a su mamá a San Cristóbal, estado Táchira. El pasado viernes 17 de mayo fue visto por última vez en San Antonio del Táchira, cuando anunció que pasaría a Cúcuta, Colombia. Desde entonces no lo volvieron a ver y se activó la búsqueda y la denuncia a través de diversos medios.

No hay ningún tipo de información oficial, pero a Bustamante lo detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando regresaba de territorio colombiano y, como es su estilo, lo trasladaron a la sede central de Dgcim en Boleíta, Caracas, lo incomunicaron y mantuvieron en absoluto silencio mientras familiares y amigos del joven de 32 años lo buscaban desesperadamente. En Dgcim mintieron al decirles que ellos no lo tenían.

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El miércoles 21 de mayo en la noche fue presentado ante un tribunal militar de Caracas, con un defensor público, sin que sus familiares y amigos sepan nada de él, sin permitirle comunicarse ni solicitar a su abogado de confianza. Ahí le imputaron instigación a la rebelión y traición a la patria. El tribunal ordenó que la cárcel de Ramo Verde sea su sitio de reclusión.

El activista en derechos humanos no aceptó la imputación. Y, ante los asombrados ojos de los funcionarios, Alexis Bustamante, quien es primer teniente retirado de la Guardia Nacional y ex funcionario de la Dgcim, decidió echar a correr y escaparse de los tribunales militares, que están dentro del Fuerte Tiuna.

Los custodios lo persiguieron. Fue una persecución en caliente que terminó cuando Bustamante fue capturado entre unos matorrales en las inmediaciones del contaminado río Guaire. Fue llevado a los sótanos donde están las celdas de Contrainteligencia Militar.

Nada se sabe de él. Hace meses que no les permiten a los detenidos hacer llamadas telefónicas, tampoco salir regularmente al sol y mucho menos tener un juicio justo. Les niegan derechos esenciales en el ser humano como tener algún libro, la foto de algún familiar, las visitas conyugales, las reuniones semanales con sus abogados, etc. Lo único que ahí se cumple fielmente es que los detenidos son llevados a celdas de tortura, son brutalmente castigados sino se someten a las humillaciones.

Bustamante, que es un destacado profesional, con maestría y doctorado en Educación, difundió hace más de un año un video en las que se refería a las elecciones previstas para mayo de 2018.

«Tenemos la oportunidad de reivindicarnos como seguridad del Estado y recuperar el honor que nos corresponde y debemos recuperar al país, pero no con políticas partidistas», dijo entonces Bustamante.

Su hermana Marta Porras lo describió como «un tachirense honorable, buen hijo, buen esposo, padre de dos bebés. Mi hermano trabajó para estudiar y así se graduó en química y biología. Desde pequeño se preocupó por la defensa de las otras personas. Estamos asustados y preocupados por lo que pueda pasarle».

Bustamante es activista de la Fundación Redes Zulia en defensa de los derechos humanos y la denuncia de grupos irregulares. Fundaredes salió en apoyo al joven de quien destacan que  «es un ciudadano honorable, un profesional de la docencia, investigador de nuestra organización y, pues, lamentamos estas angustiosas horas. Hacemos responsables a las autoridades venezolanas de la vida e integridad de Alexis Bustamante, la de su familia, así como la de los integrantes de Fundaredes; de manera que estaremos en esta campaña de visibilidad de esta desaparición porque podríamos incluso estar frente a una desaparición forzada, que ya es un modus operandi de los cuerpos policiales de detener a una persona sin siquiera una orden de detención, y terminan trasladándolas a otros estados y siendo criminalizadas».

Hasta el momento la familia no ha recibido ningún tipo de información oficial.

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